Un mandato que aún no leemos: la educación superior técnico-profesional y la innovación con impacto

Columnas AEQUALIS # 40. Septiembre 2026

Paulo Solari
Rector CFT
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Recientemente, el rector del CFT ENAC, Jorge Menéndez, y el consultor del PNUD Juan Francisco Moreno formularon una pregunta que, a mi juicio, merece permanecer en la agenda pública: cuando el conocimiento ya existe, ¿quién lo instala? Por mi parte, quisiera recoger esa interrogante y, en lo posible, avanzar un paso más. En efecto, la respuesta no constituye únicamente una aspiración: se encuentra consagrada en nuestra legislación desde 2018.

En Chile hemos tendido a concebir la creación y transferencia de conocimiento como un ámbito propio de las universidades. Asimismo, hemos aceptado, sin mayor deliberación, que su principal medida de éxito sea la publicación indexada. Nadie discute el valor del artículo científico: ordena la conversación académica, permite acumular saber y lo somete a escrutinio. Sin embargo, cuando se transforma en la vara casi exclusiva, el sistema comienza a privilegiar lo que se publica por sobre lo que efectivamente se utiliza. De este modo, se configura una discusión que corre el riesgo de cerrarse sobre sí misma, de alejarse de la manera en que otros países abordan este mismo desafío y, sobre todo, de perder contacto con lo que ocurre en un taller de mantenimiento industrial en Quilpué, en una pyme agroindustrial del valle del Aconcagua o en una caleta de pescadores del litoral.

Por ello, resulta necesario detenerse en lo que la ley efectivamente dispone. La Ley 21.091 no asignó a todas las instituciones de educación superior un mismo encargo en materia de conocimiento; por el contrario, distinguió expresamente entre ellas. A las universidades les corresponde aportar a la generación de conocimiento mediante la investigación, la creación artística, la transferencia y la difusión. A los institutos profesionales y centros de formación técnica, en cambio, les corresponde desarrollar actividades sistemáticas que contribuyan al desarrollo, la transferencia y la difusión de conocimiento y tecnologías, así como a la innovación, con el objetivo de aportar a la solución de problemas productivos o desafíos sociales. La diferencia no es de grado, sino de naturaleza. En el caso universitario, el mandato se centra en producir conocimiento. En el caso técnico-profesional, el mandato está definido por su finalidad: que ese conocimiento llegue a resolver problemas reales. Dicho de otro modo, la vocación de impacto no es para el subsistema técnico-profesional un atributo deseable o un complemento, sino la razón misma por la cual la ley le encomienda esta función.

No obstante, ocho años después, la comprensión del sistema no ha seguido el mismo ritmo que la norma. Cuando se habla de innovación, la conversación sigue girando en torno a laboratorios, patentes y publicaciones, y la voz técnico-profesional aparece, en el mejor de los casos, como un complemento. Se trata de una inercia comprensible, pero no por ello menos relevante: las universidades han ocupado este espacio casi por defecto y, con naturalidad, han extendido sus propios criterios al conjunto de la discusión. El resultado es paradójico. El subsistema al que la ley encarga específicamente la transferencia orientada a problemas productivos es observado, en los hechos, como un actor que debe demostrar que puede parecerse a otro.

Dicho con claridad: las capacidades están instaladas. A lo largo del país, institutos profesionales y centros de formación técnica sostienen convenios con empresas que incorporan tecnologías de última generación a sus talleres y actualizan sus planes de estudio al ritmo de la industria. Sus equipos prestan asesorías y asistencias técnicas a pymes y emprendedores, muchas veces en alianza con organismos de fomento, y diagnostican problemas productivos para luego implementar soluciones junto a quienes los enfrentan. A ello se suman consejos empresariales en los que el sector productivo participa activamente en la definición de lo que se enseña. Probablemente ninguna de estas experiencias concluya en una revista de alto impacto; no obstante, todas cumplen exactamente lo que la ley encomienda: que el conocimiento y la tecnología lleguen a donde se necesitan.

Junto a estas capacidades, hay dos atributos que distinguen al subsistema: pertinencia y agilidad. La pertinencia proviene de su propia naturaleza. Nuestras instituciones forman para el trabajo, sus docentes provienen en su mayoría del mundo productivo y su relación con empresas, gremios, municipios y liceos técnico-profesionales es cotidiana. Por ello, los problemas que abordan no se formulan desde un escritorio o desde un laboratorio: emergen del territorio y de quienes lo habitan. La agilidad, por su parte, deriva de su forma de operar. Se trata de instituciones acostumbradas a ciclos cortos, a actualizar sus programas al ritmo de la industria y a responder en plazos que una pyme puede sostener. Así lo confirma la experiencia internacional: en Canadá, la mayor parte de los proyectos de innovación aplicada desarrollados por los colleges se resuelve en menos de un año. Tal resultado no es casual: ese es el tiempo de una pyme, no el de un ciclo editorial.

Ahora bien, nada de lo anterior pretende restar valor a las universidades. Chile necesita más ciencia, no menos, y ambos subsistemas se potencian cuando cada uno aporta desde su propio mandato. Con todo, esa complementariedad exige que cada actor sea reconocido según lo que la ley le asigna, y no bajo una jerarquía tácita en la que uno define la métrica y el otro procura alcanzarla.

En suma, la pregunta de fondo no es si los IP y CFT pueden investigar como lo hace una universidad. La verdadera cuestión es si estamos dispuestos a reconocer que la innovación que más necesita el país ya cuenta con un mandato legal diferenciado, con capacidades instaladas a lo largo del territorio y con instituciones que responden con pertinencia y oportunidad. La ley lo estableció hace ocho años; a todos nos corresponde ahora comprenderlo y actuar en consecuencia.