Mismo estándar, distinta lectura: el desafío de contextualizar acreditación TP en instituciones de FF AA, de Orden y Seguridad

Columnas AEQUALIS # 41. Septiembre 2026

Giaccomo Castro Rojas,
Sociólogo Universidad Diego Portales y Magíster en Dirección y Liderazgo para la Gestión Educacional UNAB,
Académico Escuela Investigaciones Policiales.

En los debates sobre aseguramiento de la calidad en educación superior, no siempre los cambios normativos implican la creación de nuevas reglas. A veces, lo que cambia no es el estándar, sino la manera en que ese estándar se interpreta frente a realidades institucionales específicas. Ese parece ser, precisamente, el caso de la Resolución Exenta Nº492-4 del 16 de enero de 2026 de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), mediante la cual se aprueban consideraciones para el uso de criterios y estándares en procesos de autoevaluación de instituciones de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad.

Al respecto, la pregunta de fondo es: ¿estamos frente a un régimen especial de acreditación para estas instituciones o, más bien, ante una lectura contextualizada del mismo marco general? A mi juicio, una lectura conjunta de la resolución y del marco general de criterios y estándares permite sostener que no se ha creado un estándar paralelo, sino que se han establecido consideraciones orientadas a aplicar de manera contextualizada un mismo marco de calidad a instituciones con rasgos organizacionales, normativos y formativos particulares.

Un mismo marco de calidad, aplicado en contextos distintos

La acreditación institucional del subsistema técnico-profesional establece un marco compuesto por cinco dimensiones, dieciséis criterios y tres niveles de logro. Estas dimensiones comprenden la docencia y los resultados del proceso de formación, la gestión estratégica y los recursos institucionales, el aseguramiento interno de la calidad, la vinculación con el medio y, de manera voluntaria, la investigación, creación y/o innovación.

La resolución, por su parte, no reemplaza esa estructura ni establece criterios o estándares paralelos, sino que complementa su aplicación mediante consideraciones de contexto para las instituciones formadoras de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad sujetas a los criterios y estándares del subsistema técnico-profesional. De hecho, el propio documento señala que su propósito es resguardar la comparabilidad, pertinencia y consistencia técnica de las autoevaluaciones, lo que refuerza la idea de continuidad del marco general antes que la instauración de un modelo distinto.

Esta distinción es relevante, porque permite evitar dos riesgos interpretativos. El primero sería pensar que estas instituciones quedan al margen del sistema general de aseguramiento de la calidad. El segundo sería suponer que los criterios y estándares deben aplicarse de manera idéntica, sin atender a sus condiciones específicas de funcionamiento. En esta línea, ninguna de estas interpretaciones parece compatible con el sentido de la resolución.

Lo que cambia: la lectura contextual de los criterios

Que el marco general se mantenga no significa que su aplicación permanezca inalterada, es decir, lo que varía es la lectura de ciertos criterios, especialmente cuando su formulación general presupone condiciones de funcionamiento que no necesariamente se presentan de la misma manera en las Escuelas Matrices.

Un primer ejemplo aparece en el criterio referido al modelo educativo y perfiles de ingreso y egreso. El estándar general pone acento en la coherencia del modelo educativo, el desarrollo de habilidades prácticas y la pertinencia de los perfiles de egreso. La resolución, por su parte, agrega que en estas instituciones, el régimen interno también enfatiza las habilidades sociales, la disciplina, el sentido del honor y del deber, junto con obligaciones y restricciones derivadas de la vida institucional. En otras palabras, la lectura del perfil de egreso incorpora, junto con su dimensión académico-profesional, componentes asociados a una identidad funcional y doctrinal específica.

También son significativos los ajustes en torno al cuerpo docente, la gestión y desarrollo de personas. El marco general exige políticas y mecanismos de ingreso, permanencia, evaluación, suficiencia, idoneidad y desarrollo del cuerpo docente. La resolución, en cambio, señala que en estas instituciones no existe una carrera docente propiamente tal; que parte importante del profesorado institucional está sujeta a límites horarios para ejercer docencia; que el personal civil suele desempeñarse bajo modalidad contractual anual; y que las credenciales pertinentes no pasan exclusivamente por grados académicos como el magíster o doctorado, sino también por especializaciones militares o policiales que resulten pertinentes. Aquí la contextualización no elimina la exigencia de calidad, pero sí modifica las condiciones y evidencias desde las cuales puede juzgarse su cumplimiento.

Gobierno, recursos y entorno relevante: un cambio de énfasis

Otros ajustes aparecen en la dimensión de gestión estratégica y recursos institucionales. En el marco general se asume que las instituciones deben demostrar capacidad de planificación, asignación de recursos y sostenibilidad de su proyecto educativo. La resolución mantiene esa exigencia, pero precisa que estas instituciones están sujetas a lineamientos de nivel superior institucional y ministerial, que sus planes estratégicos se articulan con esas definiciones y que la alta rotación del personal uniformado en cargos de jefatura y gestión constituye una condición habitual de su funcionamiento. También explicita que el financiamiento depende del presupuesto público anual y que, por disposición legal, no existen mecanismos de capitalización financiera de largo plazo.

La misma lógica se observa en vinculación con el medio e investigación, creación y/o innovación. En el marco general, el entorno relevante considera la relación con el sector productivo y de servicios, además de organismos públicos, privados y comunidades. La resolución desplaza parcialmente ese énfasis al relevar como parte significativa la vinculación con unidades, reparticiones y funciones propias del ámbito policial o de defensa. Incluso en innovación, se señala que la contribución al entorno se verifica principalmente en unidades y reparticiones institucionales desplegadas en el país y en el extranjero. Este cambio de énfasis no es trivial, ya que incide en la manera en que se interpreta la pertinencia y el impacto del quehacer institucional.

Estas precisiones son importantes porque incorporan como parte del contexto evaluativo determinadas condiciones estructurales de estas instituciones. Desde un punto de vista metodológico, esto parece razonable ya que evaluar sin considerar la estructura de gobierno, el régimen presupuestario o la rotación de mandos, entre otros aspectos conduciría probablemente a juicios poco pertinentes. Sin embargo, también abre una discusión delicada: ¿hasta qué punto contextualizar ayuda a evaluar mejor y cuándo corre el riesgo de transformarse en una justificación de las deficiencias?

El punto crítico: contextualizar no debe equivaler a relativizar la calidad

Hasta aquí, la resolución parece ofrecer una respuesta técnicamente razonable a una dificultad real: no todas las instituciones del subsistema técnico-profesional operan bajo las mismas condiciones. En ese sentido, incorporar consideraciones de contexto para la interpretación de los criterios parece un avance relevante, porque permite juzgar con mayor pertinencia cómo se manifiesta el cumplimiento de las exigencias y cómo debe interpretarse la evidencia disponible.

Sin embargo, allí mismo se encuentra el principal riesgo. Una cosa es reconocer que estas instituciones se desenvuelven en un marco doctrinal, jerárquico, presupuestario y estatutario singular. Otra muy distinta es convertir ese contexto en una explicación autosuficiente que desplace la evaluación crítica. Por tanto, la contextualización fortalece el juicio evaluativo cuando permite comprender mejor las condiciones de operación, pero lo debilita cuando se transforma en una razón general para aceptar, sin mayor examen, las limitaciones o déficits institucionales.

Por eso, el verdadero desafío para los procesos de autoevaluación no consiste en describir las singularidades de estas instituciones, sino en demostrar qué mecanismos han desarrollado para asegurar la calidad precisamente en ese contexto. Si no existe la carrera docente propiamente tal, el punto relevante no es solo constatarlo, sino mostrar qué mecanismos permiten desarrollar capacidades académicas. Si existe una alta rotación de las jefaturas, es necesario evidenciar qué dispositivos garantizan la continuidad de la gestión. Si una parte significativa del entorno relevante está constituida por unidades y reparticiones institucionales, entonces debe explicarse cómo se evalúan la pertinencia y el impacto de esa vinculación.

El desafío: pertinencia sin pérdida de rigor

La resolución no parece debilitar, por sí misma, el marco de acreditación del subsistema técnico-profesional; más bien, busca favorecer una aplicación más pertinente de sus criterios y estándares en instituciones con características específicas. En este sentido, su aporte puede ser valioso, pero su verdadero alcance dependerá menos de su sola existencia y más del uso que hagan de estas consideraciones las instituciones en sus procesos de autoevaluación y del modo en que la CNA las incorpore en sus juicios evaluativos.

Desde mi punto de vista, la cuestión central no es si estas instituciones deben ser evaluadas mediante una aplicación contextualizada de criterios y estándares comunes. Eso, en buena medida, parece estar zanjado. La pregunta más compleja es: ¿cómo asegurar que esa contextualización fortalezca la pertinencia del juicio evaluativo sin debilitar su capacidad crítica?

En tiempos en que la calidad se invoca con frecuencia, pero no siempre se interroga con igual profundidad, esta discusión merece ser abordada con seriedad. No solo porque compromete a instituciones que cumplen funciones estratégicas para el Estado, sino también porque obliga a reflexionar sobre cómo se construyen sistemas de aseguramiento de la calidad que sean, al mismo tiempo, comparables, rigurosos y sensibles a la heterogeneidad institucional.