Desarrollo territorial: construir un proyecto compartido entre educación superior, empleadores y sociedad

Columnas AEQUALIS #48. Noviembre 2026

Sergio Morales Díaz,
Asesor Especialista en Calidad y Desarrollo

El desarrollo territorial es una aspiración recurrente en las políticas públicas y las estrategias que impulsa el Estado. Sin embargo, persiste una pregunta fundamental: ¿cómo construir desarrollo desde las regiones cuando las decisiones, las inversiones y buena parte de las oportunidades continúan concentradas en Santiago?

En Chile, el centralismo también condiciona la organización de los mercados y las relaciones entre empresas, Estado e instituciones de educación superior. Muchas pequeñas y medianas empresas y organizaciones educativas nacen y crecen en las regiones, pero las redes de decisión e influencia se concentran en la capital -poder político, educacional y empresarial-. Así, el territorio corre el riesgo de convertirse en un espacio donde se ejecutan oportunidades concebidas fuera de él, en lugar de ser protagonista de su propio desarrollo.

El desafío no consiste únicamente en descentralizar decisiones, sino en construir capacidades locales para identificar oportunidades, establecer prioridades y sostener proyectos de largo plazo. El desarrollo territorial no depende exclusivamente de planes ministeriales, estrategias de grandes empresas o miradas centralistas de casa de estudios centenarias o de cobertura nacional: también requiere fortalecer los emprendimientos locales, a través de fortalecer competencias de la fuerza de trabajo que mejore la productividad, innovación y eleve la capacidad para generar empleo y bienestar de calidad.

Del interés sectorial a una visión compartida

Las asociaciones gremiales constituyen fuentes relevantes de información sobre necesidades productivas y laborales. Sin embargo, su mandato suele centrarse en representar los intereses de sus sectores, lo que no necesariamente equivale a disponer de una visión integral del desarrollo territorial. La suma de demandas sectoriales no produce automáticamente una estrategia regional.

El Estado tampoco puede asumir por sí solo esta tarea. Los gobiernos regionales y los organismos públicos deben responder a urgencias sociales y compromisos inmediatos, lo que dificulta sostener estrategias que trasciendan los ciclos políticos y administrativos.

Las instituciones de educación regionales desarrollan sus misiones, donde la colaboración y coordinación entre ellas no es parte de su mirada y las señales de financiamiento, aseguramiento de calidad y desarrollo territorial, empuja hacia la autosuficiencia en todo, en vez de la complementariedad.

Se requiere, por tanto, una gobernanza que articule las capacidades de empleadores, instituciones de educación superior y autoridades locales, para pensar en comunidades y desarrollo territorial como un fin social y económico con sentido único. Es claro que cada actor, aporta conocimientos y perspectivas diferentes, pero ninguno dispone individualmente de toda la información ni de todas las herramientas necesarias para conducir el desarrollo.

La Ley 21.091 y el papel de la educación superior

La Ley N.º 21.091 sobre Educación Superior proporciona un fundamento relevante para este desafío. En su articulado se reconoce el rol social de la educación superior y su contribución al desarrollo sustentable y al progreso social, cultural, científico y tecnológico de las regiones y del país.

Este marco refuerza la responsabilidad de las instituciones técnico-profesionales y universitarias de contribuir más allá de la formación de personas para ocupar puestos de trabajo existentes. La vinculación con el medio es una dimensión obligatoria de la acreditación institucional, mientras que investigación, creación e innovación constituye una dimensión adicional, necesaria para acceder a la acreditación de excelencia.

Sin embargo, cumplir exigencias regulatorias no garantiza, por sí solo, una contribución efectiva al territorio. La existencia de convenios, actividades e indicadores no demuestra necesariamente cambios en la productividad, la innovación o el bienestar de las comunidades.

La respuesta a este desafío no radica en sumar más indicadores formales ni en esperar que el Estado, las grandes empresas o las Instituciones educativas centrales dicten la pauta desde la capital. El verdadero “qué hacer” exige que las instituciones de educación superior —ya sean centros de formación técnica, institutos profesionales o universidades— dejen atrás el aislamiento y la autosuficiencia para asumir un rol articulador. Es momento de tejer gobernanzas regionales reales, donde la academia, los empleadores locales y las comunidades no solo dialoguen, sino que co-diseñen un proyecto compartido de desarrollo con acuerdos, prioridades y compromisos sostenidos. Solo así el territorio puede ser el protagonista de su desarrollo, para alcanzar la productividad, el empleo y el bienestar que aspiramos para nuestra sociedad.



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Author: Sergio Morales
Asesor especialista Cañlidad y Desarrollo

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