Acortamiento de carreras

Columnas AEQUALIS #24. Julio 2026

Elisa Marchant,
Vicerrectora Académica,
Universidad Finis Terrae.

El debate sobre el acortamiento de carreras suele iniciarse con una pregunta aparentemente simple: ¿cuánto deberían durar los programas? Sin embargo, planteada de manera aislada, puede conducir a respuestas incompletas. Antes de discutir la duración, es necesario abordar una cuestión sustantiva: la pertinencia de la oferta formativa. Una agenda comprometida con la calidad no debiera comenzar preguntando si las carreras son largas o cortas, sino si responden a necesidades reales del país, si sus perfiles de egreso son pertinentes y si el nivel de cualificación declarado se corresponde con los aprendizajes comprometidos.

En Chile abundan ejemplos que evidencian que el problema no se reduce a la extensión temporal: credenciales ofrecidas por academias de oficios que utilizan denominaciones propias de la educación superior, generando confusión en estudiantes y empleadores; certificaciones impartidas por instituciones terciarias que, por su baja complejidad o limitada duración, difícilmente alcanzan el estándar para ser consideradas educación superior; y la proliferación de carreras cuyo nombre no guarda relación con el nivel de cualificación ofrecido, como programas denominados “ingeniería” con escasa formación en ciencias básicas o en resolución de problemas complejos.

A ello se suman carreras en distintos niveles formativos sin acuerdos claros sobre sus alcances, lo que alimenta tensiones entre formación técnica, profesional y universitaria; así como programas con empleabilidad débil o incierta, asociados a campos ocupacionales saturados, perfiles desconectados de las transformaciones productivas o formaciones que no entregan capacidades diferenciadoras. En estos casos, la pregunta central no es si un programa debiera durar ocho, diez o doce semestres, sino si tiene sentido que exista en los términos en que está formulado.

Para abordar estas situaciones, la evidencia comparada muestra una herramienta clave: los Marcos Nacionales de Cualificaciones. Éstos permiten definir niveles formativos, resultados de aprendizaje, grados de complejidad, autonomía y ámbitos de desempeño asociados a cada certificación. Chile, pese a casi dos décadas de discusión, aún no cuenta con un marco para la educación terciaria y, en consecuencia, cada institución define perfiles, títulos, grados y duraciones desde lógicas propias.

Un Marco Nacional de Cualificaciones permitiría ordenar, en primer lugar, la pertinencia de los perfiles de egreso, a partir de lo cual podremos discutir sobre el volumen de aprendizajes requerido para alcanzarlos. De este modo, la duración no debiera ser una decisión administrativa previa, sino una consecuencia académica de los aprendizajes comprometidos. Si un perfil exige dominio disciplinar avanzado, práctica supervisada, toma de decisiones en contextos complejos y responsabilidad ética, la duración debe ser suficiente para desarrollar esas competencias. En cambio, si compromete aprendizajes de menor complejidad, puede corresponder una trayectoria más breve o una certificación distinta.

Desde esta perspectiva, la coherencia entre perfil de egreso, nivel de cualificación y duración constituye un indicador sustantivo de calidad. Cuando la duración es mayor a la requerida, existe margen para revisar o acortar la trayectoria. Pero cuando es menor que la necesaria, el sistema no gana eficiencia: arriesga la calidad de sus egresados, debilita la confianza pública en las certificaciones y traslada costos al mundo laboral.

En consecuencia, la evidencia del sistema chileno sugiere que el principal riesgo no radica únicamente en carreras extensas, sino también -y quizás con mayor gravedad- en programas cuya duración, estructura o profundidad no son suficientes para sostener el nivel de cualificación que declaran. En este contexto, el debate sobre el acortamiento de las carreras pierde sentido si no se inscribe previamente en una reflexión más amplia sobre la pertinencia de la oferta formativa, la coherencia de la arquitectura de credenciales, las reales oportunidades de empleabilidad y las necesidades de desarrollo del país. Solo a partir de esa base es posible evaluar con rigor cuánto deben durar los programas. En consecuencia, una política seria de calidad no puede comenzar con un recorte curricular, sino con una definición clara de qué formación requiere el país y qué aprendizajes verificables deben garantizar las instituciones.