Harvard dice que no cumplirá con las exigencias de la administración Trump

Edición Impresa New York Times, 14 de abril 2025

Por Vimal Patel

La Universidad de Harvard informó que había rechazado los cambios en sus políticas solicitados por la administración Trump, convirtiéndose así en la primera universidad de los Estados Unidos que se niega a aceptar las exigencias del gobierno federal, iniciando, de este modo un inédito enfrentamiento.

Otras universidades también se han opuesto a la injerencia de la administración Trump en la educación superior, pero la respuesta de Harvard, que esencialmente calificó de ilegales las demandas del gobierno, marca un cambio importante en el tono de la discusión. En las últimas semanas, esta institución universitaria, la más influyente del país, había sido criticada internamente “por capitular ante las presiones de Washington”.

El pasado 11 de abril, las autoridades federales enviaron a Harvard una carta en la que exigían medidas como: reducir el poder de los estudiantes y de los académicos sobre sus actividades; informar de inmediato a las autoridades federales las faltas conductuales de los estudiantes extranjeros e incorporar “externos” en todos sus departamentos, para que estos puedan contar con” puntos de vista diversos”. Esta misiva no definía el significado de “diversidad de puntos de vista”, pero se supone que se refería a temas políticos, incluidas perspectivas conservadoras.

“Ningún gobierno, independientemente del partido que esté en el poder, debe dictar a las universidades privadas lo que pueden enseñar, a quienes pueden admitir y contratar, y qué áreas de estudio e investigación pueden seguir”, dijo Alan Garber, presidente de Harvard, en un comunicado a la comunidad universitaria.

Desde que asumió el poder, la actual administración federal ha atacado a las universidades, diciendo que con ello están tratando de erradicar iniciativas sobre “diversidad” y lo que consideran un “antisemitismo desenfrenado”. Como parte de esta campaña, han retenido cientos de millones de dólares de fondos federales para la investigación en todas las universidades del país, incluyendo a las más prestigiosas. Incluso, se dice que habrían discutido la posibilidad de “hacer caer” una universidad de alto perfil como parte de esta campaña cuya finalidad es “refundar la educación superior”. Primero apuntaron a la Universidad de Columbia, luego a otras instituciones de la” Ivy League”, incluyendo a Harvard.

Por su parte, las autoridades de Harvard han estado bajo una intensa presión de parte de sus propios estudiantes y profesores, que piden mayor asertividad en resistir la intrusión de gobierno federal en la educación superior. Durante el mes de marzo, el gobierno anunció que estaba examinando USD $ 256 millones en contratos federales con Harvard, y USD $ 8.700 millones adicionales en lo que describió como “compromisos de subvenciones multianuales”. Este anuncio también afirmaba que Harvard no había hecho lo suficiente para frenar el antisemitismo en sus campus, pero no se pronunció sobre lo que esta universidad debía hacer para satisfacer esas preocupaciones gubernativas.

En abril recién pasado, más de 800 académicos de Harvard firmaron una carta instando a la universidad a “montar una oposición coordinada a estos ataques antidemocráticos”. En su reciente respuesta al gobierno la universidad parece haber dado ese paso. Rechazando las demandas de la administración federal, el Dr. Garber advirtió que Harvard tenía pocas alternativas, afirmando: “La universidad no renunciará a su independencia ni a sus derechos constitucionales”. “Ni Harvard ni ninguna otra universidad privada puede permitir que el gobierno federal se apodere de ella”.

Efectivamente, las exigencias del gobierno implicaban remodelar la universidad y, otorgarle un control sin precedentes sobre sus actividades. Además de las exigencias antes mencionadas, Harvard debía:

• Realizar controles de plagio a todos los académicos, actuales y futuros.
• Compartir con las autoridades federales todos sus datos sobre la contratación de personas y someterse a auditorías de las mismas, mientras “se implementan las reformas”, al menos hasta 2028.
• Proporcionar todos los datos de los procesos de admisión, incluida la información sobre los postulantes rechazados y admitidos, ordenados por raza, origen nacional, promedio de calificaciones en la educación media y rendimiento en las pruebas estandarizadas de admisión.
• Cerrar inmediatamente cualquier programación relacionada con diversidad, equidad e inclusión.
• Revisar los programas académicos que, según el gobierno, tendrían “antecedentes atroces de antisemitismo”, incluida la colocación de ciertos departamentos y programas bajo una auditoría externa. La lista incluye la Escuela de Teología, la Escuela de Educación, la Escuela de Salud Pública y la Escuela de Medicina, entre muchas otras.

En su respuesta, los asesores jurídicos de Harvard dijeron que la universidad “no está preparada para aceptar demandas que van más allá de la autoridad legal de este o de cualquier otro gobierno”.