En mayo de 2018, se promulgó la Ley de Educación Superior (Nº21.091), que establece una acreditación integral basada en dimensiones específicas. Estas dimensiones obligatorias incluyen la docencia, gestión estratégica, aseguramiento de calidad y vinculación con el medio, mientras que la investigación, creación e innovación es opcional. En septiembre de 2021, la Comisión Nacional para la Acreditación (CNA) oficializó los criterios y estándares para cada dimensión, aplicables tanto al subsistema universitario como para la Educación Superior Técnico Profesional (ESTP), con entrada en régimen el 1 de octubre de 2023.

En 2024 comienzan a utilizarse por primera vez los nuevos criterios y estándares en procesos de acreditación. Cuatro instituciones de ESTP realizan el proceso este año y en 2025, 16 instituciones se incorporarán progresivamente. Adicionalmente se sumarían los 15 Centros de Formación técnica (CFT) estatales que se encuentran bajo tutela y 10 CFT no acreditados.