Consideraciones y desafíos del nuevo Sistema de Aseguramiento de la Calidad

octubre 12, 2018

(Carmen Gloria Jiménez, Vicerrectora Aseguramiento de la Calidad U. Andrés Bello).- Con la entrada en vigencia de la Ley 21.091, el Sistema de Aseguramiento de la Calidad enfrentará profundos cambios entre 2018-2025 y, con ello, importantes desafíos para las Instituciones de Educación Superior (IES); sin embargo, aún está pendiente establecer un proceso de diálogo y retroalimentación entre éstas y la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).

Dentro de las modificaciones, llama a primera vista la atención que la acreditación de los programas de doctorado es obligatoria, junto con el fin del funcionamiento de las agencias acreditadoras y el ingreso de Odontología como carrera de certificación también obligatoria.

De las transformaciones más profundas que encontramos en esta nueva normativa está la acreditación de carácter integral y obligatorio para todas las Instituciones de Educación Superior, la cual considera un proceso de selección de carreras a través de una muestra intencionada, quedando aún pendiente que se establezca un reglamento de este procedimiento y generando la incertidumbre de cómo se garantizará que el proceso metodológico sea objetivo y transparente para todas las IES.

Además, se establecen tres niveles de acreditación: de excelencia (7 o 6 años), avanzada (5 o 4 años) y básica (3 años). En tanto, que las IES no acreditadas serán sujetas de supervisión por parte del Consejo Nacional de Educación durante máximo 3 años y no podrán matricular nuevos estudiantes, impartir nuevas carreras, sedes o aumentar vacantes. Este último párrafo nos muestra una contradicción del nuevo Sistema, ya que cómo podrá una universidad, instituto profesional o CFT avanzar en relación al mejoramiento continuo, sin la posibilidad de contar con los recursos necesarios provenientes de la matrícula de los alumnos nuevos y con la incertidumbre de su continuidad futura frente al siguiente proceso de acreditación.

En lo más sustancial se plantea la redefinición de dimensiones y estándares de calidad, los que se referirán a “recursos, procesos y resultados”, así como la “existencia, aplicación sistemática, análisis y resultados de los mecanismos de aseguramiento de la calidad”, con la finalidad de garantizar una oferta de calidad en la educación superior. En general, se puede establecer que esta implementación plantea una revalorización explicita de la misión y los propósitos de los proyectos institucionales, al evaluar las dimensiones, estándares y mecanismos de calidad desde esta nueva mirada.

En este contexto, sabemos que la aplicación de parte fundamental del nuevo modelo para la acreditación de las IES debe entrar en vigencia con fecha 01 de enero de 2020, si bien este plazo es el establecido por la Ley parece ser poco realista, ya que no permite los tiempos adecuados para ajustar el trabajo a desarrollar y generar las transiciones pertinentes entre un sistema y otro.

Es de esperar que la Comisión Nacional de Acreditación considere en su planificación para la implementación del modelo los tiempos de socialización necesarios entre los distintos actores con la finalidad que podamos conocer, discutir, compartir el intercambio de buenas prácticas y analizar las potenciales propuestas de nuevos criterios, reglamentos y estándares.

Esta nueva Ley de Educación Superior plantea, como desafío adicional, que las IES después de diecinueve años de experiencia acumulada en materia de acreditación vayan más allá y logren consolidar la aplicación de sus propios mecanismos de autorregulación con la finalidad de garantizar la calidad a sus estudiantes y comunidades, en el marco del cumplimiento del compromiso establecido en la misión y los propósitos que declara cada institución.

Por último, es importante no olvidar en este nuevo contexto el rol de los pares evaluadores, el cual es absolutamente distinto al que desempeñaban con el sistema anterior, en cuanto a la formación y la capacitación, por tanto, se constituyen en una herramienta fundamental para que puedan desde su nueva función garantizar de manera transparente e imparcial una acreditación institucional propiamente integral.