Columnas AEQUALIS. 020. Septiembre 2023

Leopoldo Ramírez Alarcón,
Director de Agenda Normativa de INACAP

Con el inicio de las votaciones de los asuntos de fondo en el Consejo Constitucional, comenzó otra fase de su funcionamiento, ahora ya en tránsito hacia la recta final. Hay que recordar que las fases previas incluyeron: la entrega del Anteproyecto elaborado por la Comisión de 24 Expertos; la presentación de iniciativas populares por parte de la ciudadanía y las enmiendas de los propios consejeros constitucionales. Ahora, al levantar la mirada, es posible previsualizar el término de su trabajo, a principios de octubre, fecha en la que deberán entregar la propuesta de vuelta a los Expertos.

Toda esta última fase del proceso constitucional coincidirá con el inicio de la tramitación del proyecto de ley de presupuestos de 2024, que debe ser enviado por el presidente de la República al Congreso Nacional a más tardar el 30 de septiembre. Entonces, es fácil advertir que habrá un momento de superposición en la discusión ante la opinión pública de ambos procesos

Cabe esperar que todo ello no tensione aún más al sistema de educación superior, que ya viene siendo objeto de diversas presiones regulatorias –donde la definición de aranceles y vacantes son solo una de ellas–. Quizás es el subsistema técnico profesional el más sensible en particular a varios de los apremios de la regulación. En lo que a la propuesta de Constitución concierne, y sin perjuicio de la válida discusión política de fondo que haya en su tramo final, ojalá se tutelen aspectos centrales para el buen funcionamiento del sistema, como lo es el principio de autonomía de las instituciones de educación superior, el aseguramiento de la calidad como una directriz programática que habilite la búsqueda de la excelencia en forma continua a todas las casas de estudios superiores, multiplicidad de entidades que dan cuenta de la diversidad nuestro sistema terciario, conditio sine qua non para una sociedad plural, en un contexto de provisión mixta en el que coexistan y colaboran instituciones estatales y privadas.

No se puede olvidar que la adecuada regulación del sistema de educación superior en la Constitución, tiene que ser pensada en las personas, que han de constituir el centro de todo el quehacer del Estado y sus órganos, y no debiera ser concebido en caso alguno al servicio de las instituciones, puesto que, si bien son las otorgantes del servicio educativo, los verdaderos protagonistas son los estudiantes y sus aprendizajes. Sólo así este segundo intento podrá ir en la dirección correcta y llegar a puerto.