Dr. Rodrigo Alda Varas
Rector Universidad Católica del Norte.

La futura carta magna también debe reconocer la aspiración de una educación universitaria como un derecho social con acceso igualitario y de calidad.

El reciente inicio del proceso para elaborar una nueva Constitución es, sin duda, otra oportunidad para avanzar en un pacto social que traiga paz, certezas y un horizonte de sentido para el país.

No debemos perder de vista que hace pocos meses experimentamos un camino fallido del cual solo podemos quedarnos con los aprendizajes. Seguir indagando en lo ocurrido, sin aprender de los fallos, es inoficioso y absurdo, pues lo relevante es que los chilenos y chilenas merecen un reencuentro urgente, considerando los desafíos de la nación en un mundo cada vez más convulso.

Una modificación sustantiva para la construcción de la nueva Constitución es que el futuro texto deberá contener doce bases institucionales y fundamentales, bordes en definitiva, entre las que destacan que Chile es una república democrática cuya soberanía reside en el pueblo; que el Estado de Chile es unitario y descentralizado; que se reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible; y que Chile es un Estado social y democrático de derecho, cuya finalidad es promover el bien común; que reconoce derechos y libertades fundamentales, y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas.

Asimismo, parte del punto nueve expresa que Chile protege y garantiza derechos y libertades fundamentales como… la libertad de enseñanza y el derecho-deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos, entre otros.

Ciertamente, parece un avance en términos de garantizar la legítima voluntad de personas y familias en este ámbito tan relevante.

No obstante, la futura carta magna también debe reconocer la aspiración de una educación universitaria como derecho social con acceso igualitario y de calidad, la que sólo quedará asegurada merced a la autonomía institucional y libertad de enseñanza. La autonomía universitaria permite que las universidades formen personas, generen investigación y conocimiento independiente, de calidad, libre de riesgos o amenazas, dando primacía al interés general por sobre los intereses fácticos. Los valores de la democracia y otros como la libertad, la verdad y la justicia, sólo se harán carne con estas garantías.

En tal sentido, los planteles no estatales han jugado un rol preponderante y su aporte al progreso del país es evidente, y ello debe quedar muy claro. Es por ello que el respeto, reconocimiento explícito y valoración a la diversidad, sea esta laica o confesional, es prioridad, pues son las bases de cualquier convivencia democrática. Tales características son aportes insustituibles a la excelencia y diversidad del sistema universitario de nuestro país, independientemente de la naturaleza jurídica de las instituciones, ya sean fundación, corporación de derecho público o privado.

Lo mismo ocurre respecto al reconocimiento a la labor educativa realizada en regiones, en especial las ubicadas en zonas extremas, donde se presentan dificultades mayores a las que padecen las casas de estudios ubicadas en el centro del país. Debo reconocer que nos preocupa la ausencia de personeros con esa sensibilidad en la Comisión Experta que ya comenzó su trabajo.

Finalmente, como Rector de la Universidad Católica del Norte, institución que cumple 67 años de funcionamiento, puedo decir que estamos comprometidos en apoyar este proceso que ha iniciado el país, y lo hacemos todos los días a través de la Docencia, la Investigación y la Vinculación con el Medio.

Esperemos que tanto los expertos y expertas como los ciudadanos y ciudadanas elegidos reconozcan esta historia y tengan la sabiduría para seguir avanzando en un marco que abra oportunidades de desarrollo para todos los territorios y donde la educación sea el pilar fundamental sobre el que construyamos una mejor sociedad.