Lo público es la integración de lo estatal y de lo privado
junio 13, 2022
(Eugenio Cáceres, AEQUALIS, Unidad de Aseguramiento de la Calidad).- Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, lo “público”, entre otras acepciones, es lo “conocido o sabido por todos”, también lo que “se hace a la vista de todos”, también lo que “es accesible a todos”. En este contexto, bien puede señalarse que la educación superior, además de cumplir estos requisitos, lo que le entrega tal carácter en plenitud y la convierte en un asunto público, bien público con valor público, es la materia prima con que ella se desarrolla. Es, ni más ni menos, el saber y la función, la forma y la estructura con que éste se configura y se conforma en su vínculo con la sociedad.
Si la educación superior es desde una sociedad y para una sociedad, lo es desde un saber y para un saber y éste es universal y es para todos. Se trata entonces de hacer real este saber universal, considerando que la persona humana sea considerada como tal o sea constituida como comunidad, puede ejercer la mejor posesión de las cosas, espirituales y materiales, a través de la “publicidad” del conocimiento.
En el caso de la educación superior, bien lo sabemos, su principal tarea será entonces como parte del proceso educativo global, el trabajo con el saber: crearlo, ordenarlo, sistematizarlo, enseñarlo, aprenderlo, divulgarlo. Esto le fija también su misión social la que puede ejercerse a través de identidades diversas, en este caso la estatal y la privada, ojalá integradas en un saber universal: educación superior y sociedad en directa e íntima relación a través de un saber que se hace público.
El tratamiento de este saber que se hace público depende en parte importante de los requerimientos originados en su contexto social y de las demandas que éste origina a los que responden, de modo libre y autónomo, identidades y entidades diversas sean estatales o privadas, que centran su actividad principal en la generación y transferencia del conocimiento con respuestas definidas de modo libre y autónomo sin importar la adjetivación de estatal o privada aplicada, a veces, con sentido peyorativo.
En este contexto, la manera con que la educación superior coloca su saber a disposición de la sociedad y que reitero, le otorga su carácter de público como integración de las identidades estatal y privada, se construye mediante una tarea intelectual realizada con afán de servicio y para ello requiere autonomía, no como un fin en sí misma, tampoco como aquello que protege de normas o restricciones lo que genera aislamiento, sino como el elemento que posibilita la correcta convivencia con otras instituciones sociales, también de identidades diversas, en armonía y permanente intercambio con ellas, desde su propio régimen interior por haber definido su libertad.
Es axiomático señalar que educación superior y sociedad son consustanciales, no existen la una sin la otra. No se la concibe fuera de un determinado contexto cultural y es difícil entender la existencia de una sociedad sin la existencia institucionalizada en ella de comunidades de personas “estudiosas”, profesores y alumnos, caracterizadas por una constante actitud de estudio y de reflexión.
Por ello, el entendimiento básico cada vez más generalizado de la educación, es el de una responsabilidad de carácter universal que puede ser asumida por la integración de esfuerzos estatales y privados en contextos y referencias definidas y precisadas con rigurosidad y exactitud en cuanto a los roles que a cada identidad corresponde. Hoy importa no modificarlas en lo sustantivo y sí ajustar mecanismos reguladores que posibiliten de mejor manera, la declarada igualdad de deberes y derechos con que las instituciones estatales y privadas ejercen o debieran ejercer su trabajo con el saber.
En el cumplimiento de estas misiones, “pueden” quizás “deben”, integrarse los esfuerzos estatales y privados en la idea central que la educación constituya un real asunto de carácter “público” definido en términos de su función, su forma y su estructura las que deben posibilitar la concurrencia de participantes de identidad estatal y privada. No tiene sentido entonces el hablar de la “estatización” o de la “privatización” de la educación superior la que suele presentarse en términos antagónicos o de establecer preferencias ya que se requiere la concurrencia de ambas identidades en la referencia de su mejora cualitativa permanente como el mejor servicio que pueden prestar a la Nación por su universalidad y por su general interés.
Muestra de las múltiples desconfianzas que hoy nos acompañan es el antagonismo que se plantea en torno a la “estatización” y a la “privatización” de la educación superior, estimando con ello reinvindicar ciertas prerrogativas que el sector estatal o el sector privado tendrían casi por derecho propio en su desarrollo. Se la deja de lado como “asunto público” que compete e involucra a toda la sociedad y que, por ello, debiera convertirse en una integración de esfuerzos que refleje de modo consistente la producción simultánea de bienes públicos y privados que la educación superior representa. Cabe también señalar que es esta específica consideración de “lo público” la que establece como necesario el balance social y la regulación mínima que garantice la creencia de la sociedad de que, auténticamente, se tienen las necesarias calificaciones cuantitativas y cualitativas en torno al manejo del saber y también el cumplimiento de ciertos estándares de calidad determinados de acuerdo al grado de desarrollo institucional que le permiten un eficaz y efectivo cumplimiento de la responsabilidad asumida como «una cosa de fe pública».
Quizás sea entonces este “ser cosa de fe pública”, la necesaria y evidente relación de la educación superior estatal y privada con el estado cuyas características están en permanente análisis. De hecho, se han determinado distintas maneras para sus modalidades de ejecución con diferencias definidas según los pensamientos y circunstancias vigentes en términos de políticas públicas en los últimos cuarenta años. En todo caso, en cada momento de la historia, la mayor seguridad pública deberá entenderse como el servicio que las instituciones de educación superior le prestan a la sociedad y para el cual requieren de la más amplia autonomía, como base inicial para desde ésta establecer el permanente mejoramiento de su calidad.