MARCO REGULATORIO

Estructura de títulos y grados: tiempo para una actualización

Andrés Bernasconi, el 08 de mayo de 2021 - 00:29 hrs.


La estructura de títulos y grados de la educación superior chilena cumplió 40 años. Es hora de revisarla. Sus bases están en la legislación de 1981 (con raíces en el siglo XIX, como el concepto de licenciatura), y cristalizaron en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza de 1990. Dicha estructura establece cuáles son los títulos y grados que se reconocen oficialmente en Chile, y cuáles son las instituciones autorizadas para otorgarlos. Fuera de agregar en los ’90 nuevas carreras al listado aquellas que son exclusivamente universitarias, esta estructura no ha tenido cambios en todo este tiempo.

Sus defectos son bien conocidos. Poca permeabilidad para crear oportunidades de articulación de estudios entre niveles de formación y entre instituciones, la escasa atención que prestan las entidades formadoras al mercado de trabajo, la rigidez de los itinerarios formativos, la temprana especialización en pregrado carente de una base de formación general, y la arbitraria exigencia de un número mínimo de clases o semestres para los títulos técnicos de nivel superior.

A ello cabe agregar la abundante legislación que establece las plantas de funcionarios de los servicios públicos, en la que se ha generalizado la mala técnica legislativa de definir qué profesionales pueden acceder a los cargos sobre la base de la duración de su carrera en semestres: a veces 8, a veces 10.

A estos males bien conocidos, se suman problemas más recientes. En el pregrado, la matrícula de primer año ha experimentado una caída de casi 10% desde 2016, afectando por igual a todos los tipos de instituciones de educación superior. La nueva tendencia refleja los límites al crecimiento que impone la gratuidad, pero tiene raíces demográficas más profundas: el estancamiento del crecimiento de la población de edad tradicional candidata a ingresar en la educación superior.

En postgrado, la matrícula de magister ha caído 6% desde 2016. La matrícula en doctorado apenas crece en Chile, y el doctorado en el extranjero está sujeto a severas limitaciones de financiamiento. A este paso, vamos a llegar a tener suficiente capital humano avanzado después que haya terminado la cuarta revolución industrial.

En cuanto al mejoramiento de la legibilidad de las credenciales, las actuales definiciones de los títulos de técnico de nivel superior, título profesional, grado de licenciado y grado de magister ofrecen enorme espacio de mejoramiento. El diplomado y el postítulo podrían agregarse a las certificaciones reconocidas, ordenando, de paso el mercado de la educación continua. Podría crearse un nuevo grado de bachiller para reconocer la formación general inicial en una carrera.

Para aumentar la flexibilidad, se debe eliminar el requisito de duración de las carreras técnicas, y eliminar toda mención a duración de las carreras en la legislación sobre acceso a las plantas de la administración pública.

La oferta de formación de postgrado se fortalecería y diversificaría si se permite a los IP ofrecer programas de magíster, considerando que no se advierte razón alguna para que no puedan hacerlo. Y se podría adoptar en Chile el doctorado profesional, como existe en los sistemas más desarrollados, que ofrecen formación profesional avanzada basada en investigación, que le permite al profesional experimentado integrar a su práctica el estado del arte de su profesión.

Estas propuestas no resuelven todos los problemas ni agotan las oportunidades de reforma, pero pueden servir para abrir una necesaria discusión.