La ley 21.091, sobre educación superior, establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SINACES). El sistema será coordinado por un Comité que preside el Subsecretario de Educación Superior, y que también integran el Superintendente de Educación Superior, el Presidente de la Comisión Nacional de Acreditación y el Presidente del Consejo Nacional de Educación.

La nueva institucionalidad establece que las funciones principales de los organismos públicos que la  integran son, en el caso de la Subsecretaría de Educación Superior , proponer las políticas y coordinar a los órganos del Estado que componen el Sistema; incumbe a la Superintendencia de Educación Superior fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan a las IES; promover, evaluar y acreditar es la tarea principal de la Comisión Nacional de Acreditación; el licenciamiento de nuevas IES, las apelaciones y la supervisión de las que no acrediten corresponde al Consejo Nacional de Educación.

La educación superior es definida como un derecho que cumple un rol social. Entre los principios que inspiran el sistema están la autonomía, la calidad, la cooperación y colaboración y la diversidad de proyectos educativos institucionales.

Dichos principios deberán fortalecer el funcionamiento del sistema para que logre ampliar las oportunidades y capacidades de las personas e instituciones; un problema central ha sido que la racionalidad con que se pensó y gestionó la educación superior y la consiguiente masificación de su matrícula no se correspondió con un proyecto de desarrollo económico, social y cultural del país.

Un desafío principal del sistema de educación superior, será promover nuevas lógicas, esta vez más integrales y que hagan sentido al conjunto de actores institucionales, pero, por sobre todo a estudiantes y docentes que son el corazón del sistema. Tendremos que aprender entre todos los actores del sistema a anteponer la colaboración, la creatividad, la reflexión crítica y una comunicación honesta y fructuosa que nos permita soñar. Un mayor protagonismo del sector productivo para impulsar el componente estratégico de la formación técnico-profesional, por una parte, y el fomento de un pensamiento propio sobre educación que no se vea entrampado en una lógica más procedimental que sustantiva ayudarían mucho.

Los distintos organismos públicos encargados del sistema de aseguramiento de la calidad en educación superior han trabajado mucho tiempo en una lógica isleña que no ha logrado configurarse en un archipiélago especializado que ponga al centro los aprendizajes de los estudiantes y que sea capaz de potenciar el desarrollo humano en su dimensión más humanista y, simultáneamente, prepararnos para competir en la producción de bienes y servicios globales.

Las cinco dimensiones definidas por ley para evaluar las IES se materializarán en estándares que se espera conocer ahora en septiembre. Será fundamental que, junto con ser claros, sustanciales y graduales, sean suficientemente flexibles para reconocer la heterogeneidad de los distintos proyectos educativos en un acompañamiento y una verificación integrales, funcionales a la formación de los estudiantes, a la sociedad en su conjunto y, por supuesto, el modelo de desarrollo país.

Los cambios que se implementarán en el sistema de acreditación de IES son una oportunidad para enfatizar una evaluación que promueva y acompañe el desarrollo de capacidades institucionales que esté a la altura de los desafíos que la educación superior enfrenta.