En los últimos años hemos presenciado importantes avances en materia de equidad de género en algunas Instituciones de Educación Superior (IES) en Chile. Sin embargo, no podríamos afirmar que se trata de un proceso homogéneo, que tenga el mismo nivel de alcance e impacto, ni que todas las iniciativas estén caminando a un mismo ritmo. Algunos de estos progresos son el establecimiento institucional de unidades de igualdad de género que asumen la responsabilidad y gestión de planes de acción al interior de cada institución. Otras, son medidas más específicas, orientadas por ejemplo a disponer de infraestructura para personas no binarias, como baños unisex o mixtos, o instalar cuotas de paridad en la matrícula como los programas de ingreso prioritario, o la elaboración de manuales o reglamentos con orientaciones para enfrentar el acoso sexual y laboral.

A nivel internacional existen experiencias favorables e inspiradoras, como el Grupo de Helsinki Women and Science de la Comisión Europea creado para promover e intercambiar experiencias que orienten iniciativas para aumentar la presencia y potencien el rol de mujeres en ciencias e investigaciones. Un aspecto clave ha sido la producción de informes que incluyen indicadores y estadísticas desagregadas por sexo como un paso previo y necesario en la generación de iniciativas integrales que aborden la dimensión de equidad entre mujeres y hombres en las instituciones de manera amplia, que permitan entregar insumos para la elaboración de propuestas legislativas e iniciativas políticas.

Incluir la equidad de género como criterio de calidad en la educación superior chilena está en consonancia con el objetivo 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que tiene como finalidad garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos y todas. A su alero se elaboró un ranking de Impacto Universitario que favorece la comparación y que tiene como objetivo evaluar los avances de igualdad de género en materia de investigación, proporción de alumnas de primera generación, medidas de acceso de estudiantes, proporción de personal académico femenino senior, proporción de mujeres que reciben títulos y otras medidas de progreso.

La equidad de género en la educación superior chilena es una deuda pendiente y generar criterios de calidad en torno a esta dimensión, un desafío complejo, pero que se nos presenta como una oportunidad frente a las exigencias del actual contexto. Su abordaje implicaría la eliminación de sesgos y barreras tanto estructurales como culturales, que operan como obstáculos, en este último caso no siempre visibles, a la presencia de mujeres en todos los ámbitos de la educación superior o generación de conocimiento, y al fomento de la inclusión de la diversidad de género como categoría transversal del quehacer de las IES. Como señala Unesco, la equidad de género requiere contar con diagnósticos pertinentes y actualizados en torno a las desigualdades entre hombres y mujeres, tanto en el acceso a la educación superior; en los contenidos, contexto y prácticas de enseñanza y aprendizaje; así como sobre los logros del aprendizaje y oportunidades laborales y de vida que otorga la educación superior, de manera diferenciada, para evitar la reproducción de la desigualdad.

Precedente 

Las iniciativas voluntarias desarrolladas en la materia marcan un precedente y son indistintamente relevantes para el cumplimiento del objetivo de la equidad de género. Sin embargo, se ha abierto la posibilidad de pensar colectivamente en la necesidad de establecer criterios específicos estándar para el aseguramiento de la calidad en educación superior en equidad de género, implicando dimensiones como la gestión académica, programas de investigación y enseñanza, o relaciones estamentales dentro de cada comunidad educativa. Ello contribuiría al reto de homologar categorías relativas al género y el ajuste de los datos de forma que puedan ser comparables no sólo dentro de cada institución (departamentos o facultades), sino también con otras. Así podríamos contar con información útil para conocer, evaluar y actuar frente a la situación del género en torno a distintos aspectos relevantes.

Se trata también de cumplir una deuda, puesto que la incorporación de criterios que fomenten la equidad de género sería indicativa de una tendencia que se hace cargo de los cambios en las relaciones sociales y, especialmente, la responsabilidad asumida por las instituciones de educación superior chilenas de comprender, abordar y actuar sobre dichos cambios de manera más precisa y sensible. Esto colaborará en desarrollar acciones para enfrentar los entornos cambiantes y nuevas relaciones de género y, en general, los desafíos que plantean las nuevas generaciones, con mayores exigencias en dicha dirección, como se han hecho escuchar con fuerza recientemente desde los movimientos sociales.

Bajo el contexto antes descrito, sería deseable que una acreditación institucional integral, incorpore criterios que fomenten la equidad de género, los que deberían ser transversales, y permear tanto la misión y propósitos institucionales, bajo una mirada de proceso orientada al mejoramiento continuo, con compromisos tanto de las unidades académicas como administrativas, con protocolos de apoyo y modelos de buenas prácticas para la comunidad, diseñando e implementando políticas internas claras, transparentes y medibles.

Sin ser exhaustivos y con el fin de aportar a una discusión en desarrollo, algunas ejemplos de criterios concretos que proponemos, a partir de la revisión de antecedentes nacionales e internacionales, y muchos de los cuales ya están siendo implementados por diversas IES son: la institucionalización de un mecanismo y política de equidad de género, plasmada en la existencia de unidades o direcciones, con presupuesto asignado, responsables de conducir diagnósticos y planes de acción, que incluyan la sensibilización hacia el cambio cultural y posible de visualizar en el modelo educativo institucional; la existencia de análisis de estadísticas por sexo de cuerpo académico (planta académica, jerarquización, dirección de proyectos de investigación, entre otros), directivo, funcionariado y estudiantil (postulación, matrícula, deserción, egresos, titulación e inserción laboral, por nombrar algunos), que identifique causas de segregación o rezago y medidas de corrección y apoyo; desarrollo equilibrado de género en carrera académica, que considere licencias parentales en los procesos de jerarquización o indicadores de evaluación de productividad científica, docencia y/o extensión, así como incentivos para lograr la paridad en actividades de investigación; política y medidas de conciliación familia, vida personal y trabajo/estudio, con foco en corresponsabilidad dirigidas a ambos sexos; medidas de prevención, detección y sanción de situaciones de acoso laboral sexista y sexual; existencia de infraestructura y equipamiento acorde a dotación de profesorado, funcionariado y estudiantado mixto y en edad reproductiva (salas de lactancia para estudiantes, académicas o funcionarias, así como salas cunas para estudiantes); e iniciativas para incentivar matrícula de mujeres en áreas tradicionalmente masculinizadas (STEM -Ciencia, Tecnologías, Ingenierías y Matemáticas).