El plan especial de fiscalización de la Superintendencia de Educación Superior y su impacto en las instituciones

julio 14, 2020

Gonzalo Puentes, AEQUALIS

Jorge Azócar, CFT ENAC

En diciembre de 2019, con ocasión del estallido social, la Superintendencia de Educación Superior (SES) emitió un oficio donde establecía lo que a su juicio constituía una situación de caso fortuito o fuerza mayor, el que fue ampliado en marzo del 2020, para no prestar el servicio educativo por parte de las instituciones de educación superior (IES): “un hecho imprevisible, irresistible y que no puede imputarse a las IES, impidiéndoles en diversos casos a éstas, de forma excepcional y temporal cumplir con su obligación de prestar los servicios educacionales en la forma, condiciones y términos en que fueron originalmente ofrecidos y contratados por los estudiantes”.

Pues bien, la SES, quizás jamás pensó que, tan solo unos pocos meses después, se iba ver enfrentada a tener que poner en práctica dicho oficio y verificar si las IES estaban actuando diligentemente para ofrecer el servicio educativo comprometido a sus estudiantes, ahora con motivo de la situación excepcional de la pandemia.

Concretamente, en el mes de abril pasado, la SES inició un plan especial de fiscalización de las instituciones de educación superior (IES), con la finalidad de revisar si las medidas alternativas dispuestas por las IES permiten, a través del cumplimiento por equivalencia, dar continuidad al servicio educativo y cumplir los compromisos académicos asumidos con los estudiantes, en las actuales circunstancias de restricciones sanitarias provocadas por la pandemia del Covid-19. Esta acción se vio empujada por las numerosas denuncias y reclamos recibidos de estudiantes de diferentes IES, sobre lo que a juicio de ellos constituía un incumplimiento del servicio contratado.

Los ámbitos de evaluación contemplados en el plan son: (i) gestión curricular; (ii) gestión de la docencia; (iii) gestión y acompañamiento estudiantil y; (iv) gestión institucional y financiera, con un alcance hacia 15 universidades, 15 institutos profesionales y 15 centros de formación técnica.

No cabe duda de que, para las IES fiscalizadas, el plan se ha traducido en una verdadera oportunidad para poner a prueba sus sistemas internos de aseguramiento de la calidad y demostrar cuan preparadas están para responder a situaciones extraordinarias como la actual, y dar cuenta de una positiva capacidad de ajuste de sus estructuras, normativas, procesos y recursos para seguir brindando una formación a sus estudiantes, bajo reales parámetros de calidad.

Cabe asumir que, en el actual escenario, lo que se está brindando es lo que algunos expertos han definido como una docencia en contexto de emergencia, sustentada básicamente en entregar los contenidos de las asignaturas bajo una modalidad no presencial, y que las IES ya venían implementando desde el estallido social (18/O).

Es necesario advertir, sin embargo, tal como lo han señalado diversos expertos nacionales e internacionales en la modalidad a distancia, que la docencia de este tipo requiere mucho más que desplegar contenidos utilizando una plataforma tecnológica diseñada para tal efecto, por muy robusta que sea. La preparación y el rol del docente para esta nueva modalidad, la reorganización de los contenidos a entregar, las innovaciones en las metodologías de enseñanza y evaluación, la adecuada carga académica a la cual son sometidos los estudiantes, la disponibilidad de espacios y recursos apropiados, son todos aspectos fundamentales que requieren un mayor tiempo y dedicación para ser debidamente abordados, de modo de asegurar, lo más importante, la efectividad de los aprendizajes de los estudiantes.

Lo concreto es que, en este corto periodo, las IES han realizado ingentes esfuerzos en incorporar plataformas tecnológicas para la docencia virtual, capacitar a estudiantes y profesores en su uso, entregar becas de conexión a internet, digitalizar los recursos bibliográficos, reprogramar el calendario académico y las actividades prácticas, adecuar las metodologías para dinamizar los aprendizajes, realizar evaluaciones en línea cautelando la individualidad de su rendición, ejecutar decenas, sino cientos de reuniones de coordinación entre directivos y profesores, gestionar las demandas y expectativas de los estudiantes, diseñar procesos de evaluación de los aprendizajes bajo esta modalidad, entre otra muchas acciones.

Evidentemente que a partir de los resultados del plan especial de fiscalización se podrá colegir que existen IES que lo habrán hecho mejor que otras, pero los resultados del plan no debieran apresurar juicios sobre el esfuerzo que éstas están desarrollando para enfrentar una situación tan compleja como la actual, sin querer decir con eso que las que no han estado a la altura tendrán que ajustar sus mecanismos y mejorar sus resultados.

Entendemos que este ejercicio de revisión de la SES (que convendría ser ampliado a un mayor número de instituciones) lo que busca es atender a las demandas y reclamos de los estudiantes y verificar la implementación por parte de las IES de las “medidas que resguarden efectivamente al estudiante en su derecho a la educación superior, la calidad del servicio educativo recibido y el cabal cumplimiento de las competencias formativas declaradas en el perfil de egreso” (extracto circular SES), y no tiene por objetivo establecer un ranking de capacidades o desempeños de las IES, ni menos de sus recursos. Por este motivo, el proceso requiere incorporar una evaluación rigurosa y calificada, y al mismo tiempo, un manejo responsable de la información sobre los resultados para que se cumpla el objetivo que hay detrás y no se produzcan efectos no deseados.

Adicionalmente, uno puede suponer que para las otras instituciones del Sistema Nacional de la Calidad de la Educación Superior (SINACES), es decir Subsecretaría, CNA y CNED, los resultados de esta iniciativa serán de su mayor interés, sobre todo porque cubre aspectos que se cruzan con sus propios ámbitos de acción. Otra razón de la importancia de la evaluación técnica que se debe realizar.

Finalmente, como parte de nuestra experiencia como profesionales de IES fiscalizadas, concluimos que una de las principales ganancias de este inédito proceso, es el esfuerzo autoevaluativo que las instituciones fiscalizadas han debido desplegar y las medidas de ajuste y mejoramiento continuo que han tenido que ejecutar para garantizar el servicio educativo, lo que se constituye, sin lugar a duda, en una excelente evidencia del aseguramiento de la calidad de su docencia.