Resulta complejo predecir el futuro de la Educación Superior en Regiones de nuestro país, sin referirse a las recientes leyes promulgadas referidas a la E.S., la que después de 37 años de funcionamiento obligará a modificar el funcionamiento de las Instituciones de E.S. Estos cambios tendrán que desplegarse a través de reglamentos y estándares de calidad en el corto y mediano plazo. Eso sí, es necesario precisar que algunos ajustes ya se habían realizados a la ley de 1981, a través de leyes específicas principalmente en los años 2004-2005 en aspectos de financiamiento estudiantil y de aseguramiento de la calidad a los programas de formación y de instituciones. La nueva ley no presenta grandes transformaciones al modelo existente como se esperaba, consolidándose el modelo de financiamiento a todas las Instituciones, basado en la demanda y estableciéndose la Educación Superior como un derecho social.

Esto no es malo para un sistema mayoritariamente privad0 (84%), promueve la eficiencia del uso de los recursos, pero deja en desigualdad de condiciones –como ha sido hasta ahora- a las Instituciones Públicas, que por su naturaleza jurídica están sometidas a condiciones administrativas propias de un Servicio Público las cuales per se, no debiesen estar sometidas a las lógicas de mercado o en su defecto darles facultades distintas a lo que es un Servicio Público. La nueva ley, particularmente la ley específica para las Universidades Estatales acentúa este problema y en vez de mejorar lo existente con modelos de administración más modernos, debilita la gobernanza, factor estratégico en la gestión de una Universidad de estas características.

La ley General considera principalmente una Institucionalidad más robusta y un conjunto de regulaciones y controles en los ámbitos financieros y de calidad, de por sí necesarios, pero no suficientes.  No se puede decir que con la nueva ley cambiará el fondo del modelo actual de E.S.; éste seguirá siendo el mismo a pesar de todas las críticas que se han hecho, con o sin razón, porque sin lugar a dudas este modelo será más regulado, más controlado y esto de alguna manera incomoda y lo más probable es que, en forma urgente habrá que hacerle modificaciones, particularmente en el tema de financiamiento y de plazos a cumplir en el despliegue de la ley.

Si bien es cierto se valora el tema de la gratuidad decretada por ley, así como también las políticas de equidad que se han ido implantando, la regulación de algunas profesiones como es el caso de Medicina, Odontología, Pedagogías y programas de Doctorados, la ley adolece de, lo que a mi parecer era lo fundamental, “un nuevo diseño de formación Universitaria-Profesional para el Chile del Siglo XXI”. Cuando hablamos de calidad, nos referimos primero a que los diseños de formación profesional son pertinentes y los sistemas de aseguramiento de la misma, permiten tener bajo control estos diseños.  Se gastarán enormes cantidades de dinero público para un poco más de lo mismo, eso sí, más controlado su uso y más reguladas las instituciones. Se perdió la oportunidad de haber tenido un sistema de formación por ciclos, más flexible, con una equivalencia y reconocimiento nacional de créditos acumulados y un financiamiento a los créditos y no a los años como está definido en la ley, lo que hubiese permitido incluso a estudiantes más necesitados económicamente poder trabajar. Todos sabemos que hay profesiones que están sobresaturadas, lo que se acentuará en el futuro, y al ser los diseños curriculares rígidos, no le entregan al estudiante la oportunidad de buscar sus propios caminos.

Aunque cada Institución tiene la libertad para diseñar perfiles diferentes para una profesión en particular o en la formación general de éstos, a las instituciones más pequeñas particularmente a las de regiones, les resulta complejo innovar al nivel que se requiere, si las grandes universidades de Santiago no hacen lo mismo. Por eso era importante dejar establecido por ley, el cambio del sistema de formación profesional actual en Chile, a uno más flexible en donde el estudiante ingrese a ciclos comunes sin especificar una profesión en particular y que al final decida su especialidad con la excepción de Medicina como existe en la mayor parte de los países desarrollados.

Es cierto que hay intentos de instituciones en áreas específicas al crear Bachilleratos, Planes Comunes, Colleges, etc., pero no es suficiente, el común de las personas no lo entiende porque nuestra cultura es la del “Título”, lo que se considera como algo terminal y las necesidades actuales son de “educación continua” para que puedan adaptarse a los cambios. Si esto hubiese sido así, podríamos estar hablando de cambios profundos con un impacto cierto en la sociedad chilena, es más, obligaría a las instituciones a cambiar sus viejas estructuras separadas por disciplinas a figuras donde la inter y multi disciplinaridad sean importantes. Veremos en el futuro si existe la voluntad política de nuestras autoridades de avanzar en el Marco Nacional de Cualificación esbozado en la ley lo que permitiría rediseñar la formación que hoy el país necesita.

Dentro de este contexto las instituciones regionales deberán adaptarse a las nuevas regulaciones y controles que por cierto les serán más adversas, considerando el nivel socio económico y académico de sus estudiantes y el sistema de financiamiento considerado en la nueva ley respecto a la gratuidad (para quienes están adscritos), en la cual la duración real de los estudios de los alumnos, excede con creces el financiamiento considerado en la ley. Para instituciones de regiones en gratuidad cuyos ingresos sean principalmente las matrículas y con baja cantidad de ella, es posible que presenten riesgos financieros en el futuro porque dejarán de percibir una parte de los recursos por alumnos que excedan la duración de sus estudios como lo había sido hasta ahora principalmente por la extinción de las becas bicentenario-crédito solidario, que por cierto tenían otras condiciones más ventajosas para las instituciones.

Así, las alternativas de sobrevivencia financiera -asumiendo que la calidad en la formación se mantiene- son varias: diversificación hacia la complejidad (Posgrados, Investigación, Vinculación). Esto por cierto que atrae recursos, pero tiene un costo inicial alto. Una segunda alternativa es incrementar la matrícula (la nueva ley fija crecimiento de matrícula para instituciones en gratuidad), estrategia ampliamente utilizada por varias universidades privadas. Esto último tiene la dificultad de que, en regiones, no existe cantidad suficiente de estudiantes con mérito académico (Puntaje PSU) que asegure un relativo éxito en la inserción universitaria con el agravante que muchos estudiantes con muy buenos puntajes migran al gran Santiago. (ver figura).

En este sentido se valora en regiones, la política de equidad y que da lugar a un ingreso alternativo, implantada a partir del programa PACE pero también es necesario precisar que estos estudiante requieren de apoyos especiales que tienen costo alto, los cuales hasta ahora son cubiertos parcialmente con algunas ayudas del Estado para asegurar su permanencia en una institución pero con una alta probabilidad de que la duración de sus estudios exceda la duración real de sus carreras, perdiendo así la gratuidad y la institución obligada a cubrir al menos el 50% de los costos de su enseñanza.

Otra alternativa de incremento de matrícula es un modelo ya probado como lo es el de instalar sedes en Santiago u otras regiones donde existan oportunidades de necesidades no cubiertas, en definitiva “salir a competir” por más estudiante. Esto por cierto debe hacernos cuestionar el Rol que debiese cumplir una Institución de Educación Superior creada en un territorio en particular para propósitos y fines propios de una región, pero también es comprensible, toda vez que, por el modelo de financiamiento, lo primero es disponer de los recursos para desarrollarse.

Finalmente, algunas instituciones universitarias de regiones para disponer de recursos, han optado por crear profesiones de carácter técnico al interior de la Universidad sin utilizar los sistemas de selección mayoritariamente asumidos por este tipo de instituciones universitarias, dando como resultado un incremento notablemente de su matrícula. Esto tiene el inconveniente del desperfilamiento de una Institución en cuanto a su definición de lo que debiese entenderse por una Universidad, IP o CFT y del tipo de recurso humano que debiese disponer que es distinto para cada tipo de formación. Probablemente una vez que se despliegue la nueva ley se sabrá con certeza como se regulará la situación planteada.

CFT en regiones

En este sentido cobra validez la política recientemente implantada, de más formación técnica particularmente en regiones considerando las necesidades regionales y particularidades de nuestros estudiantes. La reciente puesta en marcha de 2 CFT estatales creados por ley y los que vendrán a continuación por efecto de lo mismo, abren enormes posibilidades para las regiones y sus habitantes si esta política pública se implanta de manera adecuada. Si bien es cierto su nacimiento nace a partir de una ley, también debiese corresponderle a los gobiernos regionales y CORES hacerla suya, particularmente en las inversiones que haya que acometer en proyectos de largo plazo que superen los períodos presidenciales. Tal como se implantó en la actualidad el funcionamiento de estos CFT, no resultan viables económicamente por el modelo de financiamiento impuesto, basado en número de estudiantes matriculados, ni tampoco prestan la utilidad a la cual están convocados. Se requiere de CFT descentralizados, aprovechando economías de escala, y que abarquen una parte importante del territorio de una región, con sedes en diferentes localidades dando oportunidades a jóvenes que hoy no pueden costearse estudios en las capitales regionales, cumpliendo de esta manera el rol subsidiario que le corresponde al Estado.

Finalmente es necesario establecer que, así como existen amenazas en los cambios previstos, también se abren oportunidades. Por ejemplo es esperanzador para las Instituciones Regionales, particularmente para las Universidades, la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología lo que permitirá sin lugar a dudas tener en regiones seremis con facultades para tener conversaciones adecuadas a fin de definir las necesidades de conocimiento y tecnología que demanda una región en particular, cumpliendo de esta manera, otras funciones, ahora definidas por ley y por lo tanto son relevantes para cualquiera institución de educación superior como lo son la investigación y la vinculación con su entorno y no como hasta ahora, que en materias de investigación todo se define en Santiago. También las universidades debiesen sentirse convocadas a colaborar con el sector público en el diseño de políticas y programas regionales en la medida que existan los espacios adecuados como sí existe en algunas regiones del país. De igual manera vemos con cierto optimismo la elección de futuros gobernadores regionales en la medida que cuenten con recursos y facultades decisorias.