Covid 19 y Educación Superior: análisis de impactos, respuestas políticas

mayo 18, 2020

Desde los inicios de la pandemia COVID 19, las Instituciones de Educación Superior (IES), reaccionaron suspendiendo el inicio de clases presenciales y buscando soluciones que permitieran su reemplazo a través de diversas plataformas. El Ministerio de Educación implementó tempranamente un Plan de Acción para enfrentar la pandemia del Covid-19 en el sistema de educación superior, a través del cual se espera que “todos los estudiantes de universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica del país accedan a un proceso formativo de calidad, resguardando siempre la seguridad de todas las comunidades educativas”.

En coherencia con lo anterior, las IES han enfrentado esta situación utilizando diversas plataformas en lo que se ha denominado “corona teaching”. Asimismo, las instituciones han debido reaccionar prontamente capacitando a los docentes y apoyando a los estudiantes más vulnerables a través de la entrega de equipos o financiando su acceso a Internet. Lo anterior, no ha evitado que muchas familias hayan decidido suspender el pago de los aranceles y elevar reclamos tanto a la Superintendencia de Educación Superior como al SERNAC. Para evaluar la calidad de la docencia impartida a través de esta modalidad, el MINEDUC anunció a fines de abril, que fiscalizaría su impartición.

En este contexto y considerando la baja en las matrículas de alumnos nuevos y la tendencia observada de no pago de aranceles, es probable que en el mediano plazo aquellas universidades que no tengan el suficiente soporte financiero enfrenten algunos problemas de sustentabilidad. Así, sería esperable que el ministerio implemente algunas medidas de apoyo a las instituciones de educación superior. Esto, que ya fue anunciado en el Plan de Acción del 16 de marzo, hasta la fecha no se ha concretado.

El caso de la educación continua universitaria

Desde los inicios de marzo, los programas de educación continua han postergado las clases presenciales, realizado su impartición a través de plataformas de streaming o virtualizado algunos cursos. En este proceso, las áreas de Educación Continua de las IES  han tenido que enfrentar diversas dificultades, tales como la suspensión de cursos, la baja de matrículas en los programas o la solicitud de devoluciones de aranceles. Asimismo, los programas corporativos, una línea de desarrollo creciente en Educación Continua Universitaria, se han postergado o cancelado.

Por su parte, los organismos públicos involucrados, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) y el Mercado Público del Ministerio de Hacienda a través del Convenio Marco de Capacitación, han respondido flexibilizando las exigencias para la impartición de estos programas. Ambas instituciones, han informado a las IES y a otros proveedores las condiciones y exigencias que posibilitan el reemplazo de la presencialidad por los formatos de streaming. Lo anterior, es muy interesante de observar y analizar, ya que en el contexto de la crisis social y política vivida en el país a partir del 18 de octubre, la disposición de los servicios mencionados, fue en general de no flexibilizar sus normas y procedimientos, afectando la realización de muchas actividades presenciales.

En este contexto, la incorporación de la educación continua universitaria en la mira de la Superintendencia de Educación Superior, sería un proceso altamente deseable. En el marco de las necesidades formativas post pandemia, es esperable que la sociedad, las organizaciones y las personas requieran de formación en el nuevo conocimiento generado durante la crisis sanitaria.

La búsqueda de soluciones colaborativas e innovadoras, el desarrollo de programas flexibles y articulados con otros niveles formativos, como también la reflexión acerca de sus propósitos y misión en el contexto universitario y su aporte en las soluciones globales que se requerirán una vez terminada la pandemia, serán un desafío ineludible. Una macro visión articulada de los distintos niveles formativos es muy necesaria y requerirá de una acción decidida no solo del Ministerio de Educación sino de todos los actores involucrados.

Al final, lo que se espera es que tal como propone la UNESCO, los esfuerzos públicos y privados, de las universidades y el gobierno logren asegurar el derecho a la educación superior de todas las personas, no dejando a ningún estudiante atrás.