MARCO REGULATORIO

Autonomía y calidad en la educación superior

María José Lemaitre, el 20 de julio de 2021 - 03:39 hrs.


La Comisión Nacional de Acreditación está próxima a definir los criterios de calidad que se aplicarán para la acreditación institucional obligatoria en Chile. Parece, por tanto, una oportunidad propicia para analizar la relación entre aseguramiento de la calidad y la autonomía institucional, conceptos que en muchas ocasiones se enfrentan y parecen contradictorios.

En efecto, desde la Declaración de Córdoba la autonomía institucional (y más propiamente la universitaria) se entiende como la capacidad de autogobierno (es decir, el control académico sobre las decisiones institucionales) y libertad académica (búsqueda irrestricta de la verdad).

En los más de 100 años transcurridos, esta definición mantiene dos elementos fundamentales: la autonomía respecto de la tuición del estado y de la iglesia, y quisiéramos agregar, hoy, respecto del mercado, y la autonomía para buscar la verdad y compartirla. Sin embargo, es también necesario reinterpretar estos conceptos un siglo después.

El aseguramiento de la calidad vino a introducir un elemento nuevo: la definición de criterios de calidad, con el objeto de asegurar que, en un contexto de diversificación, todas las instituciones que operan en un país o región satisfacen elementos básicos de calidad, que den garantía de su capacidad para ofrecer un servicio eficaz y provechoso para una población inéditamente amplia y diversa de estudiantes.

Sin embargo, es necesario señalar que estos procesos tienen distintas etapas y propósitos: uno es el licenciamiento, o autorización inicial de funcionamiento, donde las exigencias – efectivamente básicas – aseguran un piso esencial para todas las instituciones. Esa es la tarea del CNED, que una vez concluido su proceso, certifica la autonomía de una institución. En otros países, esta certificación debe renovarse periódicamente, pero en Chile, es de una vez para siempre.

Luego de esa certificación, la tarea del aseguramiento de la calidad cambia. En lugar de garantizar condiciones mínimas, debe ocuparse de promover la calidad, y la autonomía responsable de las instituciones. Esto no se logra con criterios o estándares prescriptivos, cuantitativos, definidos a priori y aplicables a todas las instituciones sin tomar en consideración sus distintos principios, prioridades y propósitos. Se logra – como lo muestra la experiencia internacional, y particularmente la europea – mediante la evaluación de los procesos internos de aseguramiento de la calidad, o, en otras palabras, de su gestión de la calidad.

En la práctica, esto significa promover el desarrollo de una cultura de la calidad en cada institución, lo que inevitablemente toma tiempo y trabajo. Cultura de la calidad implica desarrollar en la comunidad universitaria una comprensión compartida acerca de lo que significa calidad para la institución, de acuerdo con sus principios y valores, y promover su apropiación por todos sus actores, incluyendo administrativos y estudiantes. Requiere además destinar recursos – porque la calidad no es gratis – y considerar la necesaria rendición de cuentas como un ejercicio de gestión desde la perspectiva institucional.

El principal riesgo al establecer criterios de acreditación es insistir en una autonomía formal, que usa procedimientos y regulaciones estandarizados para reportar el trabajo que la institución desarrolla en cuanto a la calidad y la necesidad de demostrar que satisface demandas y expectativas también mínimas y estandarizadas.

Resulta, en cambio, esencial desarrollar criterios y estándares que promuevan una autonomía viva, capaz de interpretar, traducir, canalizar y utilizar las reformas en función de su historia y sus características básicas, para reforzar no solo la autonomía responsable de las instituciones sino su calidad.