Aprobada ley corta de acreditación: Nuevos estándares regirán desde octubre de 2022

El Parlamento aprobó ayer la llamada Ley Corta, que aplaza hasta septiembre de 2020 la publicación de nuevos estándares de acreditación de instituciones de educación superior, y hasta octubre de 2022 su entrada en vigencia.

La regulación inicialmente dictada exigía que las instituciones se acrediten según nuevos estándares de la Comisión Nacional de Acreditación a partir de enero de 2020, dándoles tiempo insuficiente para conocerlos. Durante la transición ahora incorporada, las universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales que entren al proceso de acreditación antes de octubre de 2022, continuarán siendo certificados bajo los parámetros vigentes.

El presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Hernán Burdiles, reafirmó su apoyo a la aprobación de la normativa. “Es una ley que entrega certeza y tranquilidad a todo el sector de educación superior. Por otra parte, permite a la Comisión elaborar los nuevos estándares de acreditación de calidad de manera acorde con las exigencias del momento y con una adecuada consideración de la opinión de todos los actores involucrados”.

Actualmente, los comités consultivos -conformados por expertos con vasta trayectoria en Educación Superior elegidos vía concurso público- están trabajando en la elaboración de sus propuestas de criterios y estándares para cinco grupos de normas: acreditación institucional universitaria; acreditación institucional de formación técnico profesional; acreditación de programas de postgrado; del área de la salud y de programas de pedagogía.

La sala del Senado aprobó por mayoría la propuesta que pospone la entrada en vigencia de la ley y quedó lista para ser promulgada por el Presidente de la República.

Para las instituciones de educación superior esta ley es un alivio, pues se encuentran muy próximas en el tiempo a la Prueba de Selección Académica y al periodo de Admisión.

El presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, rector Ennio Vivaldi, señaló que las dieciocho universidades estatales, “consideramos que el proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo recoge las inquietudes planteadas por el Consorcio de Universidades del Estado de Chile”.